Extreme las precauciones a la hora de comprar una vivienda

Extreme las precauciones a la hora de comprar: Compradora que adquiere una vivienda sometida a expediente de expropiación sin conocerlo.

 

El Tribunal Supremo ha anulado recientemente el contrato de compraventa por el que la compradora adquiere de un particular una vivienda, conociendo con posterioridad que se encontraba sometida a un expediente de expropiación por encontrarse fuera de ordenación, concretamente construida sobre zona verde.

La compradora, que adquiere una vivienda en pleno centro de Madrid ignorando las circunstancias urbanísticas que la afectaban,  hubo de transitar un largo procedimiento judicial para obtener la nulidad y la condena a la devolución del precio y los gastos y tributos derivados de la compraventa.

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De hecho, en primera instancia se desestimó la demanda al entender el Juzgado que la compradora debería haber desplegado mayor diligencia para obtener  información urbanística sobre la situación del inmueble, así como que no había quedado acreditado el error en el consentimiento, ni que no se pudiese dar un uso adecuado al inmueble.

Sin embargo, la Audiencia declara probado que la vivienda está fuera de ordenación, que los padres de los vendedores conocían este extremo, y aplica el art. 62.1 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación urbana que exigía que el que enajenase edificios fuera de ordenación debía hacer constar expresamente esta calificación en el título de enajenación y que la infracción de dicha disposición facultaba al adquirente para la resolución del contrato en el plazo de un año. Concluye la existencia de error en la prestación del consentimiento por parte de la compradora, que no pudo representarse que la vivienda que compraba, situada en pleno centro de Madrid, estuviera situada en zona verde y que, en caso de haberlo sabido, no la habría comprado, por lo que padeció error esencial y excusable.

El Tribunal Supremo confirma esta sentencia, y refiere que la compradora adquiere en la confianza que le da la inscripción registral de la vivienda, de la que no podía deducirse la falta de adecuación a la normativa urbanística, y que, aunque la compradora pudo agotar su diligencia acudiendo al Ayuntamiento para informarse de cualquier posible problema de índole urbanístico, igualmente, y con mayor motivo, tenían los vendedores que haber informado de esta situación, que conocían.

Moraleja: la compradora podía haber evitado la incertidumbre, el tiempo,  el gasto y el evidente riesgo que supone el proceso judicial, con sólo haberse asesorado adecuadamente antes de la compra; un profesional especializado con seguridad habría realizado las comprobaciones pertinentes.